El Tribunal de Cuentas lo ha certificado y sus consecuencias aún se siguen pagando: obras que, después de hacerse, han sido insostenibles o inútiles y no han entrado en funcionamiento o que para mantenerlas están suponiendo un sobrecoste que antes no existía; ayuntamientos que aún tienen que pagar multas por no haber cumplido las condiciones a las que aceleradamente se les obligó; y chatarra, mucha chatarra en carteles.
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