La Comisión Europea ha declarado ilegales las ayudas concedidas y solicita a España que recupere 265 millones de euros invertidos en la creación de este centro audiovisual. Tras realizar una investigación en profundidad, el Ejecutivo comunitario ha concluido que "ningún inversor privado habría aceptado invertir en los mismos términos" que el Gobierno valenciano y que la financiación pública "distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos".
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