El pasado mes de junio, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones brasileña (Anatel) prohibió a Telefónica vender ADSL hasta resolviera un problema de saturación que afectaba al servicio. Una institución que ejerce competencias similares a la Fiscalía, ha iniciado una acción en la que reclama a la operadora una indemnización de 378 millones de euros para compensar a los millones de abonados que sufrieron las consecuencias del mal funcionamiento del ADSL durante los últimos cinco años.
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