La estrategia de Boye se basará en pedir la nulidad de todos estos procedimientos en que aparece el juez y exigirá la aplicación de la denominada doctrina Garzón, en referencia a la sentencia que en febrero del 2012 condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez o magistrado por haber ordenado grabar conversaciones de algunos de los presos encausados por el caso Gürtel con sus abogados.
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