Afecta a más de 60.000 personas que acusan a una de las mayores organizaciones juveniles del mundo de los abusos que sufrieron en el entorno de la fundación cuando eran adolescentes. Tras recibir cientos de demandas por abusos sexuales en febrero de 2020, se había declarado en bancarrota para poder hacer frente a las demandas, apelando al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos para poder reorganizarse bajo la protección de la ley. Este acuerdo es el mayor concedido a un caso de abusos sexuales en la infancia en EE.UU.
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