La familia Botín no comunicó oficialmente al Consejo de Administración que había cometido un delito fiscal por el que Hacienda le reclamaba la repatriación de 200 millones de euros. Al menos no consta en el informe de gobierno corporativo que fue remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que sí aparece la sentencia en firme del Tribunal Supremo contra Alfredo
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