De los 239.000 empleos desaparecidos, 73.000 son contratos fijos. Frente a este crash laboral, el Gobierno esgrime hasta ahora un reconocimiento teórico de la gravedad del problema. La EPA detecta 1.298.500 familias con todos sus miembros en paro; y los parados de larga duración (más de un año buscando trabajo) son ya 1.787.000. Aunque las familias han protegido hasta ahora a sus parados, existe el riesgo de que aumente la pauperización.
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