La resolución parlamentaria de fecha 22 de abril de 2010 relativa al estatuto del cargo público vasco contempla una serie de modificaciones, que, en lo que afecta al estatuto de las Consejeras y Consejeros y altos cargos del Gobierno Vasco, precisa de la correspondiente modificación de la Ley 7/1981 para establecer una nueva regulación del derecho a pensión vitalicia por quienes han ejercido tales funciones.
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