la formación vasca ha asegurado que la decisión de Ferrovial "ha puesto sobre la mesa el debate sobre la deslocalización de empresas, especialmente las receptoras de ayudas públicas, así como la necesidad de los Estados de dotarse de mecanismos que protejan a la ciudadanía". Bildu recuerda que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han adoptado medidas en esta línea para "recuperar las ayudas concedidas por la UE a las empresas si deslocalizan sus actividades antes de que transcurran ocho años desde la concesión de la ayuda".
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