En 2010, el ministro Alfano ideó la ley del Legítimo Impedimento, una norma por la que el primer ministro se podía ausentar de los juicios por problemas de compatibilidad con su agenda institucional, lo cual provocó de nuevo la interrupción del proceso por el caso Mediaset. El Constitucional también anuló esta medida de blindaje a principios de enero, aunque fue de manera parcial, ya que ahora queda en manos de los jueces la decisión sobre si el primer ministro está realmente demasiado ocupado como para no asistir al juicio.
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