Escondido en los pliegues del decreto ley que el viernes dio luz verde a un ajuste presupuestario valorado en 47.000 millones de euros, el Gobierno ha colado una norma. La nueva norma modifica dos artículos del código de procedimiento civil, y bloquea la inmediata ejecución de las condenas en segundo grado para los resarcimientos superiores a 20 millones de euros, proponiendo a cambio una "caución idónea", es decir el adelanto de una parte del dinero.
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