En un comunicado del Gobierno de Navarra enviado el pasado 25 de junio, se advierte a la organización de la prohibición de llevar a cabo la crucifixión simbólica de los activistas, y de cualquier acto que pueda atentar contra "el derecho fundamental de la libertad religiosa". En el comunicado se explica que esta "crucifixión simbólica" puede "herir los sentimientos de los ciudadanos católicos que sientan como una ofensa a dicha religión la equiparación de la crucifixión de Jesucristo".
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