El plan de lucha contra el fraude fiscal del Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lleva recaudados 69 millones desde 2016. El ejecutivo detectó en 2015 que la gestión tributaria se centraba en los pequeños contribuyentes, cuya recaudación está automatizada y las alarmas saltan al mínimo incumplimiento. Por ejemplo, cuando no se paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de circulación. Desde 2016, la prioridad han sido los grandes contribuyentes: centros comerciales, empresas de suministros o constructoras.
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