Asociaciones y colectivos sociales denuncian el desalojo de una familia trabajadora que pudiera producirse el 14 de mayo en cumplimiento de la orden del Juzgado 31 de Primera Instancia de Madrid, a pesar de que en el Juzgado Instrucción nº 50 se siguen diligencias previas por un presunto delito de estafa contra el apoderado de la financiera y el apoderado del banco. El procedimiento penal podría tener como resultado la nulidad de la hipoteca, por ser fruto de un delito y ser de contenido imposible.
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