Las entidades bancarias españolas contienen la respiración ante la cercanía de dos resoluciones de la justicia comunitaria que, si contradicen de nuevo las tesis del Supremo con los préstamos hipotecarios y avalan la postura de la Comisión Europea, favorable a los demandantes en ambos casos, pueden obligarles a devolver a los consumidores más de 10.000 millones de euros en plenas crisis de rentabilidad y de desplome de las cotizaciones.
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