La Diputación ha iniciado las obras pese a que la Fiscalía abrió diligencias contra ella el pasado mes de abril, al advertir indicios de delito e irregularidades en el procedimiento y tras varias denuncias de asociaciones y particulares. Éstos advirtieron de que el proyecto está destruyendo el patrimonio de un complejo declarado monumento histórico-artístico nacional en 1923 y bien de interés cultural (BIC) en 1999, catalogación que se extendió en 2018 a su entorno medioambiental y paisajístico, compuesto por cien hectáreas de bosques autóctono
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