El Gobierno de Baleares acaba de exonerar, otra vez y con una prórroga de tres años, el cumplimiento de una ley que obliga a las nuevas casas, aisladas, a conectarse a una red de saneamiento de aguas negras. La norma exige establecer infraestructuras y redes comunes, entre ellas el alcantarillado. El objetivo del Ejecutivo que dirige José Ramón Bauzá (PP) es activar el desarrollo del sector de la construcción en suelos urbanos paralizados por falta de servicios.
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