El Parlamento europeo ya instó en 1982, después de que por su causa murieran 12 personas en Irlanda del Norte (entre ellas siete niños menores de 15 años), a que todos los estados miembros prohibieran el uso de este tipo de armas contra la población civil. El Parlamento europeo volvió a pronunciarse en el mismo sentido en 1984 y en 1997.
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