Los ayuntamientos se han quedado sin margen de improvisación para diseñar un plan de ajuste creíble que garantice la sostenibilidad económica municipal. El Gobierno ha planteado a los 4.622 consistorios que se han sumado al plan de pago a proveedores bajar los sueldos a sus trabajadores e, incluso, despedirlos con veinte días de indemnización por año trabajado. El 60% de las 646.627 personas que trabajan para la administración local (384.273) está totalmente desprotegido contra cualquier despido colectivo que planteen los consistorios.
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