En el acuerdo propuesto se demanda el apoyo del Gobierno de Navarra en un asunto que crea "alarma social", ofreciendo a los pueblos información jurídica e histórica sobre el origen y derechos de su patrimonio. También piden al Ejecutivo de UPN que informe de todas las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio inmatriculado por la Diócesis y apoyo explícito a quienes intenten recuperarlo.
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