El Ayuntamiento de Valencia exige a una niña de 11 años, con síndrome de Down, el pago de 10 multas de tráfico, por un valor total que asciende a los 2.170 euros. Este despropósito se debe a que la menor de edad figura como titular del vehículo infractor, aunque fue su padre el que cometió las infracciones viales. La madre de la pequeña, que trabaja para sacar adelante a sus tres hijos, tendría que responder con sus propiedades en el caso de impago, ya que su ex marido (y padre de la niña) no quiere responsabilizarse del pago de las sanciones.
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