Las empresas constructoras decidieron demandar al Ayuntamiento tras comprobar que éste no era el dueño de toda la superficie del viejo campo de fútbol de El Morao, cuyos terrenos eran el pago en especie que, a cambio de realizar las obras citadas en el municipio, el Consistorio se había comprometido a darles para que pudieran construir viviendas.
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