En el año 2004, Alberto Ruiz Gallardón, el Ministro de las Tasas Judiciales, gastaba desaforadamente en el Ayuntamiento de Madrid y decidió crear la moderna institución del Defensor del Contribuyente, dotada de 12 personas y para tramitar unas 5.000 sugerencias y reclamaciones al año a más de 100 euros de coste cada una.
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