El Tribunal Constitucional puede imponer "multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros" a las personas que incumplan sus resoluciones.La Generalitat ha puesto en marcha un registro de voluntarios para el referéndum bajo la denominación de "personal colaborador de la Administración electoral"El Govern no avisa de las posibles consecuencias judiciales a los voluntarios y solo informa que los miembros de la mesa electoral o los interventores "no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, salvo que haya un delito"
|
etiquetas: rajoy , pp 
