Más de seis meses. Es lo que tardará en aplicarse en España la directiva europea -vigente desde el pasado 16 de marzo- que obliga a las administraciones públicas a abonar sus facturas pendientes en el plazo máximo de 30 días. Ese es al menos el compromiso que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trasladó este lunes al presidente de la asociación de autónomós ATA, Lorenzo Amor. S
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