Ni sistemas de contabilidad analítica, ni memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios. Éste es el descontrol que el Tribunal de Cuentas denuncia que tienen todas las comunidades y ciudades autónomas del Estado, sobre los dineros que manejan, hasta el punto que, afirma, "no es posible pronunciarse sobre el grado de eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos" de las autonomías.
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