El Parlamento de Australia aprobó este jueves una enmienda para imponer fuertes sanciones, incluso la cárcel, a los directivos de redes sociales que publiquen contenidos extremadamente violentos, una revisión que responde al reciente ataque supremacista en Nueva Zelanda. La controvertida medida establece penas de prisión de hasta tres años para los ejecutivos de las compañías tecnológicas que no borren inmediatamente los contenidos de actos terroristas, asesinatos, violaciones, torturas o secuestros
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