La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sentencia en la que concluye que todas las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable de la provincia deben ser demolidas pese a que el ayuntamiento haya puesto en marcha un intento de reclasificación del suelo en base al decreto aprobado en 2012 por la Junta que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, ya que éste "no legaliza las edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico".
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