En plena oleada de recortes en el sector público, la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana María Ferrer, remitió el pasado 6 de julio a la Consejería de Presidencia y Justicia una carta en la que pedía que pagara plazas de aparcamiento a los 48 magistrados que ejercen en la Sala de lo Civil, en la calle de Ferraz.
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