La Audiencia Provincial de Madrid da la razón a Arturo Valls y condena a la empresa de Rocío Monasterio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, por realizar una “obra ilegal”. La reforma se hizo “vulnerando la legalidad urbanística”, según la sentencia. Y la empresa de Monasterio la llevó a cabo siendo “consciente de su ilegalidad”. Era necesaria una licencia y se hizo sin haberla obtenido.
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