Una investigación lleva a una magistrada de la Audiencia Nacional a proponer que se juzgue a la mafia del atún, una "organización criminal" que se aprovechaba de la pesca furtiva para generar, y posteriormente blanquear, "cuantiosos" beneficios. El estado de las instalaciones donde se criaban y almacenaban los atunes era tan "pésimo" que su consumo representaba un "grave peligro para la salud pública de los consumidores". La magistrada María Tardón propone juzgar a 8 personas y 12 empresas, entre ellas el principal grupo exportador mundial.
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