La multa de 194 millones de euros fue impuesta por la CNMC, al demostrar que las dos multinacionales tenían un acuerdo secreto para inflar los precios e impedir el acceso a los consumidores de los productos de la competencia. Las multinacionales han amenazado con retirar sus negocios bajo el pretexto del elevado coste que supone la multa respecto a sus ingresos en el Estado español. La Audiencia Nacional también ha suspendido la prohibición que se había impuesto a estas empresas de llevar a cabo contratos con la administración pública.
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