La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos interpuestos por Repsol y BP contra el expediente sancionador de la Comisión Nacional de Competencia formulado en 2009 en la que consideraba que en sus relaciones con las estaciones de servicio que operan como empresarios independientes se llevaban a cabo prácticas comerciales que equivalen a fijarles indirectamente los precios de venta al público, actuación prohibida por las normas de defensa de la competencia.
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