La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, había pedido que se ampliara el número de imputados en el caso que llevará al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente del PP provincial Carlos Fabra, al banquillo de los acusados. Solicitó imputar a varios ex altos cargos de la Administración central en la época de Aznar, responsables de los ministerios de Agricultura y Sanidad ante los que Fabra trató, supuestamente, de agilizar la autorización de los productos de su entonces amigo, el empresario Vicente Vilar
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