El ataque de DDoS que sufrieron a lo largo del pasado miércoles las web del Ministerio de Cultura y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no es delito, pero podría conllevar sanciones económicas para los responsables del 'colapso' en caso de que los afectados recurran a la vía civil. Relacionada:
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