La aprobación del pacto PSOE-PP, que intenta establecer un límite al gasto público a fin de equilibrar el presupuesto del Estado, representa una medida que continuará con los enormes recortes de derechos sociales -como es la congelación de las pensiones- que están ya ocurriendo en España. Su inclusión en la Constitución proveerá una herramienta poderosísima para debilitar e incluso desmantelar al ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar español.
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