En España el delito de opinión no existe, pero cuando nos hemos querido dar cuenta de que algo raro estaba pasando durante los últimos años, aquel país moderno y libre sumaba ya centenares de detenidos e imputados por opinar, bromear, cantar e, incluso silbar (no exagero). El mecanismo para llegar a este punto ha sido tan silencioso y eficaz que ni nos hemos enterado. Cuando el poder decidió que no eran tolerables ciertas opiniones, sólo tuvo que usar una serie de leyes que estaban ahí para otros fines, retorcerlas e interpretarlas a la carta.
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