El concurso de privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aprobado y adjudicado por el Gobierno de Eduardo Zaplana en 1997 fue un cúmulo de irregularidades de principio a fin que culminó con una adjudicación a empresas que no habían presentado la mejor oferta a unos cánones que perjudicaron -continúan haciéndolo- a las arcas de la Generalitat y con unas tarifas -las más caras de España- que los valencianos soportaron entre 1998 y 2014, año en el que el Gobierno de Alberto Fabra decidió bajarlas.
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