La polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estableció un plazo máximo de seis meses para cerrar la investigación de las diligencias penales, ampliable a dieciocho meses para las de especial complejidad, acaba de generar el primer archivo de una causa por haber trascurrido ese periodo sin que haya llegado a su término. Las diligencias son las que investigaban la posible comisión de varios delitos en la adjudicación y construcción de varios puentes sobre la rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras.
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