Esta decisión fue tomada a pesar de las advertencias de la Procuraduría sobre su inconstitucionalidad. Con esta se busca regular la exploración, rescate y explotación económica de los galeones o naufragios que estén hundidos en nuestros mares y pagarles a los rescatistas con hasta el 50 por ciento de lo que se encuentre y que según la Ley no es patrimonio, es decir con las monedas o lingotes de oro o plata.
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