La construcción de viviendas, industrias, centros comerciales e infraestructuras genera al año 35 millones de toneladas de residuos en España, de los que tan sólo tres se reciclan y el resto acaba siendo eliminado sin ningún tipo de control. Para acabar con esta situación, el Ejecutivo aprobó el viernes un decreto que obligará a las constructoras a reciclar cada residuo que genere una obra de construcción y demolición. Reciclar los residuos costará a las constructoras 310 millones al año.
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