Las escuchas fueron decretadas por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y, posteriormente, avaladas por el juez instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira. Este último ha sostenido que las grabaciones de los imputados y sus abogados eran válidas porque de ellas se desvela la connivencia entre ambos para ocultar y evadir "muchos millones de euros" ocultos por la trama corrupta en paraísos fiscales.
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