La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la juez de la Operación Galgo, Mercedes Pérez Barrios, y ha anulado todas las escuchas llevadas a cabo en el caso por inconstitucionales. La Audiencia ha admitido que se utilizaron métodos desproporcionados para el delito que se estaba investigando, concretamente un delito contra la salud pública cuya pena máxima es de dos años de prisión.
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