La Fiscalía Anticorrupción no aprecia indicios de malversación ni de fraude a la Hacienda europea ni de cohecho en el contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia y del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero en el decreto con el que la fiscal general, Dolores Delgado, ratifica la competencia para investigarlo del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sí se apunta a tráfico de influencias y falsedad.
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