La propuesta de reforma del sector que hizo la presidencia francesa de turno de la UE no incluyó la "enmienda 138" propuesta por el Parlamento Europeo, que admite que se restrinja el derecho de expresión e información de los consumidores, sin contar con una orden judicial, cuando la seguridad pública se vea amenazada. El representante español subrayó que la legislación española establece que, en ese caso, es necesario "pasar por el juez", y apuntó que "antes de cortar" hay toda una serie de medidas que se pueden llevar a la práctica.
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