Francisca vive desde hace dos años en los pasillos de acceso a la residencia de El Pino, que también atiende a personas con trastornos de salud mental. Por eso está allí su hijo, y es la razón por la que ella no quiere irse. En 2018 se comenzó a tramitar la dependencia de Francisca, pero la valoración le otorgó grado I, que no incluye plaza sociosanitaria. Tiene reconocida una discapacidad del 80%, pero tampoco le brinda lo que ella demanda, vivir allí con su hijo. Es un caso conocido por las instituciones y a la que no han podido dar respuesta
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