La amnistía al procés siempre fue una línea roja para Pedro Sánchez, para el PSOE y para toda la parte socialista del Gobierno, sin fisuras ni matices. La amnistía era “claramente inconstitucional”, una medida “implanteable”, una “imposición” de los partidos independentistas que el Ejecutivo no podía aceptar. Porque “la amnistía es el olvido”, decía el ministro de Justicia, y España no debía olvidar lo que ocurrió en Cataluña en 2017. Esa postura firme del Gobierno, que fue constante durante el último lustro, cambió súbitamente el 23 de julio,
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