Hace tres meses, el Gobierno debería haber establecido el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto que prescribía su ley del pasado 19 de octubre: “La puesta en marcha e inicio de actividades del Fondo (...) deberá dictarse en el plazo de tres meses desde la publicación de ésta en el BOE”. Hoy, tres meses después de incumplir la ley, los trabajadores del amianto siguen muriendo desamparados y con ingresos mermados. Ellos y sus familias, como la esposa de un albañil que contrajo cáncer por lavar la ropa contaminada de su marido.
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