La explosión de las tiendas de cigarrillos electrónicos y productos sustitutivos del tabaco con los líquidos para fumadores va a provocar que a la vuelta de la esquina nos encontremos con una regulación específica para estos dispositivos. Más allá de los informes sanitarios que se puedan hacer sobre el vapeo y la ingesta de nicotina vaporizada, el meollo real de la cuestión la tiene el Estado en su coste fiscal.
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