Historiadores, investigadores y público deberán esperar al menos 50 años para conocer los secretos más sensibles del Estado, aquellos que pueden causar un daño excepcionalmente grave a los intereses esenciales de España, como su defensa y seguridad. Ese el plazo que fija el borrador del proyecto de ley en el que trabaja el Gobierno para sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que no fijaba ningún plazo y convertía los secretos en eternos.
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